La tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo, donde ocho personas perdieron la vida tras el colapso del techo, ha puesto en evidencia la responsabilidad de los congresistas que aprobaron una ley que limita la fiscalización a estos establecimientos. En mayo de 2023, la bancada fujimorista impulsó el proyecto de ley N° 4258, que estableció que los centros comerciales solo podían ser clausurados por un máximo de 48 horas, debilitando así el control municipal sobre sus condiciones de seguridad.
Entre los 85 votos a favor de esta norma se encuentran los siete congresistas de Piura: César Revilla, Eduardo Castillo y Maricruz Zeta (Fuerza Popular); Manuel García Correa (Alianza para el Progreso); Heydi Juárez (Podemos Perú); Miguel Ciccia Vásquez (Renovación Popular); y Bernardo Pazo (Somos Perú). Gracias a esta legislación, el Real Plaza de Trujillo pudo seguir operando a pesar de los riesgos estructurales detectados en 2023.
La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte. Si la ley 31914 no hubiera sido publicada, la fiscalización municipal habría tenido mayor alcance para prevenir la tragedia. Sin embargo, los legisladores que respaldaron la norma favorecieron a las grandes cadenas comerciales, dejando de lado la seguridad de la ciudadanía.
