La región Piura enfrenta un panorama preocupante en materia de seguridad y desarrollo social. Entre 2019 y 2025, las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho, mientras la pobreza, la anemia infantil y la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales siguen golpeando a miles de familias.
Así lo advierte un reciente análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), que evalúa cómo las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo han influido en sectores clave como seguridad ciudadana, salud, educación, política social y prevención de desastres.
El informe señala que, incluso sin mayoría en el Congreso, un presidente tiene la capacidad de marcar el rumbo del país a través de la definición de prioridades presupuestales y la ejecución de políticas públicas que impactan directamente en la calidad de vida de la población.
Uno de los puntos más críticos es la seguridad ciudadana. Según el IPE, en el proyecto de ley de presupuesto para 2023, presentado durante la gestión de Pedro Castillo, los recursos destinados a la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y la minería ilegal fueron 24.5% menores que los asignados en 2019, ajustados por inflación.
Aunque para 2026, en el gobierno de Dina Boluarte, se evidencia una recuperación presupuestal, el monto aún se mantiene 4% por debajo de los niveles prepandemia.
En Piura, la reducción fue más severa: los recursos para combatir estos delitos cayeron 28% en 2023 y, para 2026, continúan 12% por debajo de lo destinado en 2019.
En paralelo, la tasa de denuncias por extorsión alcanzó los 130.8 casos por cada 100 mil habitantes, ubicando a Piura como la cuarta región con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.
Además, las denuncias relacionadas con minería ilegal también registraron un incremento de 12.4% en el mismo periodo, alcanzando una tasa de 2.9 casos por cada 100 mil habitantes.
