El expresidente Ollanta Humala calificó de “ilegal y arbitraria” su detención en el penal de Barbadillo, donde permanece desde el 15 de abril, en el marco del proceso por presunto lavado de activos agravado relacionado con aportes a sus campañas electorales de 2006 y 2011. Según dijo, su reclusión constituye un “secuestro” por parte del Estado.
Humala señaló directamente a los jueces Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias, a quienes acusó de ordenar su prisión preventiva sin contar con una sentencia redactada ni haberle informado los fundamentos legales de la medida. Afirmó que esto representa una grave vulneración al debido proceso.
“El Estado de derecho y la democracia están muertos en el Perú”, sostuvo el exmandatario, quien también arremetió contra fiscales y jueces, a quienes acusó de celebrar su detención y de haber extendido la persecución a su familia y al Partido Nacionalista.
Según relató, la orden de detención fue ejecutada sin sustento jurídico, y no fue sino hasta el 2 de mayo –casi dos semanas después– que se firmó digitalmente la sentencia que intentaría justificar la medida, lo cual, según él, constituye un intento de “corregir retroactivamente” una decisión ya tomada.
Humala también se refirió a su esposa, Nadine Heredia, asegurando que se vio obligada a solicitar asilo ante la serie de atropellos que, dice, vienen cometiéndose desde hace más de diez años por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes –a su juicio– han actuado sin imparcialidad con el objetivo de eliminar a un adversario político.
“La cárcel es solo la culminación de un proceso lleno de abusos a los derechos fundamentales. Hoy estoy secuestrado por quienes controlan, de facto, el sistema de justicia”, sentenció.










































