El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, bajo la presidencia de la jueza Juana Caballero, ha dejado sin efecto el auto que convocaba a juicio oral y otros actos procesales relacionados con el delito de obstrucción a la justicia en contra de Keiko Fujimori y otras 16 personas. Esta decisión se fundamenta en un fallo reciente del Tribunal Constitucional (TC) que consideró fundado un recurso de amparo presentado por uno de los implicados.
El TC cuestionó la imparcialidad del fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, lo que resultó en la anulación de resoluciones emitidas desde 2018 relacionadas con la acusación de obstrucción a la justicia. Sin embargo, las acusaciones por otros delitos graves, como lavado de activos y pertenencia a una organización criminal, siguen vigentes.
Entre los beneficiados por esta decisión judicial se encuentran personas cercanas a Fujimori, incluyendo a su abogada Giulliana Loza y miembros de su entorno, como Vicente Silva Checa, Pierre Figari y Ana Herz. La exclusión de estos individuos del cargo de obstrucción a la justicia podría dificultar la labor de la Fiscalía para sostener las acusaciones restantes.
El abogado penalista Andy Carrión ha señalado que esta situación debilita la capacidad probatoria de la Fiscalía y plantea desafíos para la continuación del proceso judicial. Además, según Carrión, ciertas normativas aprobadas por el Congreso han limitado la capacidad de investigar a los partidos políticos, lo que podría afectar la solidez del caso contra Fujimori y su entorno.
