La Municipalidad Metropolitana de Lima deberá pagar casi 200 millones de dólares a la empresa canadiense Brookfield, dueña de la concesionaria Rutas de Lima, tras una serie de fallos judiciales en Estados Unidos que confirmaron el rompimiento ilegal del contrato por parte de la comuna limeña.
Aunque dos tribunales arbitrales ya habían determinado que la Municipalidad debía compensar con 196 millones de dólares por incumplimiento contractual, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga presentó recursos en cortes estadounidenses para evitar el pago, alegando supuestas irregularidades. Sin embargo, sus pedidos fueron rechazados.
En total, cuatro tribunales en EE.UU. desestimaron los argumentos de la Municipalidad, cuestionando la falta de sustento legal y la “mala fe” con la que actuó la actual administración. Uno de los fallos más duros se dio el 20 de junio, cuando el Tribunal del Distrito de Columbia negó suspender la ejecución de los laudos arbitrales. La jueza Ana C. Reyes incluso señaló que Lima “ni siquiera se molestó en argumentar que su apelación podía tener éxito” y criticó el uso político del sistema judicial, haciendo referencia a las declaraciones públicas del alcalde, quien afirmó que no pagaría “ni un solo mango” a la concesionaria.
Antes, el 27 de mayo y el 17 de junio, tribunales de Nueva York ya habían rechazado otros intentos de la Municipalidad por detener el proceso. Finalmente, el 24 de junio, la Corte de Apelaciones de Washington D.C. también desestimó el recurso presentado, concluyendo que Lima no pudo demostrar que sufrió un daño real durante el arbitraje.
Con estos fallos, la comuna limeña está obligada a cumplir con el pago millonario, lo que representa un duro golpe para la gestión de López Aliaga y una carga económica para la ciudad.
