El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, elevó el tono del debate electoral al rechazar tajantemente la posibilidad de elecciones complementarias en Lima. Desde Bambamarca, en Cajamarca, sostuvo que esta medida no solo sería inconstitucional, sino que respondería —según su versión— a intentos de alterar la voluntad popular, encendiendo una nueva polémica en medio del proceso electoral.
Sánchez fue más allá y lanzó una advertencia directa: aseguró que la ciudadanía no reconocerá unos comicios que, a su juicio, carecen de sustento legal. En ese marco, responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones de una eventual crisis política si se insiste en esa ruta, abriendo un escenario de confrontación entre actores políticos e instituciones electorales. Sus declaraciones reflejan el clima de desconfianza que rodea a parte del electorado frente a decisiones clave del sistema electoral.
El candidato también reavivó el componente más sensible de su discurso político al insistir en la liberación del expresidente Pedro Castillo. Al invocar su figura en un contexto electoral, Sánchez no solo reafirma su alineamiento ideológico, sino que busca capitalizar el respaldo de sectores que consideran que el exmandatario fue víctima de un proceso injusto, profundizando así la polarización política.
En el plano económico, el postulante planteó revisar los contratos de concesión de recursos naturales, cuestionando que estos habrían beneficiado a grupos reducidos en detrimento de las mayorías. Además, marcó distancia con proyectos emblemáticos como Conga, al señalar que no avanzará sin consulta social. Con estas posturas, Sánchez intenta posicionarse como una alternativa que combina confrontación política con una agenda de cambios estructurales, en un escenario donde el descontento ciudadano sigue siendo un factor determinante.
