La región de Piura atraviesa una grave crisis de inseguridad que ha obligado al cierre de 450 empresas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Delitos como la extorsión y el cobro de cupos han impactado fuertemente en las pequeñas y medianas empresas, afectando la economía y el empleo en la región.
El gobernador regional, Luis Neyra, criticó la efectividad de la declaración de estado de emergencia en materia de seguridad, señalando que los delincuentes simplemente se trasladan a otras provincias y regresan luego. En diálogo con Canal N, indicó que la falta de recursos, el aumento del 40% en las denuncias de este año y las deficiencias en la política migratoria han complicado los esfuerzos por mejorar la seguridad.
Desafíos en el Ministerio del Interior
Neyra también subrayó que los continuos cambios de ministros del Interior han dificultado la implementación de una estrategia coherente para combatir la criminalidad. A pesar de la reciente inversión regional en 120 camionetas y 150 motocicletas para la policía, el déficit en recursos sigue siendo un obstáculo para cerrar la brecha de seguridad.
Medidas y propuestas
El gobernador mencionó que aunque las leyes actuales son adecuadas, su aplicación ha sido deficiente. Propuso un endurecimiento de las penas para delitos graves como la extorsión y el sicariato, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua. Neyra también destacó la necesidad de fortalecer la inteligencia policial, los observatorios del delito y los laboratorios de criminalística.
Finalmente, la propuesta de leyes más estrictas, como la denominada «terrorismo urbano», busca sancionar con mayor severidad a las organizaciones criminales. Sin embargo, existe preocupación sobre la correcta aplicación de estas medidas, así como el riesgo de que puedan usarse para reprimir las protestas sociales.
