Puerto Rico declaró estado de emergencia debido a una intensa sequía que afecta el suministro de agua en diferentes zonas del territorio. La gobernadora Jenniffer González emitió dos órdenes ejecutivas para enfrentar la crisis y aplicar medidas de conservación y distribución del recurso.
Una de las disposiciones establece acciones para administrar los recursos hídricos, mientras que la segunda permite la participación de la Guardia Nacional en labores de traslado, distribución y purificación de agua para las comunidades afectadas.
Las autoridades también ordenaron identificar fondos estatales y federales para adquirir cisternas, tanques y equipos de almacenamiento. Además, se programaron reuniones semanales para evaluar el estado de los embalses.
Vecinos denuncian meses sin agua en San Juan
La emergencia ocurre mientras varias familias reportan problemas de abastecimiento desde hace meses. En sectores como Machuchal y la calle Loíza, en San Juan, residentes aseguran haber acumulado hasta 118 días sin agua durante el 2026.
Los vecinos señalan que deben almacenar agua cada vez que llega el servicio y algunos han invertido miles de dólares en cisternas y sistemas de bombeo para poder cubrir sus necesidades básicas.
Organizaciones ciudadanas anunciaron protestas para exigir soluciones y cuestionaron la gestión de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los residentes responsabilizan a los problemas de infraestructura y a la administración del sistema por los constantes cortes.
El Niño podría extender la crisis
Especialistas advierten que la disminución de lluvias y el avance del fenómeno de El Niño podrían mantener la presión sobre los recursos hídricos de Puerto Rico durante los próximos meses.
Además, expertos señalan que el deterioro de las tuberías y las pérdidas de agua por filtraciones representan uno de los principales desafíos para garantizar un servicio estable.
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El Gobierno estima que existen proyectos de modernización del sistema hídrico, pero especialistas consideran necesario acelerar las obras para evitar mayores impactos en la población y la economía.
