La Fiscalía Penal Corporativa de Castilla abrió investigación contra el alcalde Walther Guerrero y el subgerente de Transporte, Julio Antenor Aliaga Rivera, por presuntas irregularidades en la designación de este último. Ambos deberán rendir su declaración los días 6 y 7 de octubre, junto al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la comuna.
El caso surge a partir del Informe N.° 005-2025-2-2407-AOP de la Contraloría, emitido en marzo, que advirtió que Aliaga no cumplía con dos requisitos esenciales: capacitación en transporte, tránsito o vialidad, y conocimientos de ofimática intermedia. Aun así, fue designado en el cargo y luego ratificado en dos periodos bajo la modalidad CAS de confianza.
Según el informe, el área de Recursos Humanos validó su nombramiento sin verificar adecuadamente el perfil exigido en el Manual de Organización y Funciones (MOF) ni en el Clasificador de Cargos (MCC), lo que habría permitido que el funcionario asuma responsabilidades sin acreditar la preparación necesaria. La denuncia fue impulsada por el colectivo Castilla Moderna y Sin Corrupción, lo que llevó al Ministerio Público a formalizar la investigación.
La situación no solo compromete al funcionario observado, sino que también pone en cuestión las decisiones del alcalde y el control interno de la municipalidad. ¿Se trata de un caso aislado o de un patrón de designaciones que privilegia la conveniencia política por encima de la meritocracia y la legalidad?
