El nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena, asumió funciones en medio de cuestionamientos luego de que se conociera que registra una sentencia por un proceso de alimentos y una deuda acumulada superior a S/11.700, información que él mismo consignó en su declaración jurada presentada antes de su nombramiento.
De acuerdo con la documentación difundida, el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica ordenó que el ahora ministro destinara más del 20 % de su remuneración al pago de una pensión de alimentos. Sin embargo, el incumplimiento de estos pagos derivó en una liquidación por S/11.765,18, correspondiente al periodo entre agosto de 2021 y septiembre de 2022.
La declaración jurada también señala que Marticorena afrontó investigaciones fiscales y procesos judiciales en calidad de imputado o cómplice. El documento fue remitido al presidente del Consejo de Ministros y al presidente interino antes de oficializarse su designación en el gabinete.
A los cuestionamientos se suman denuncias sobre presuntas gestiones realizadas ante la Sunedu para influir en la designación de autoridades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Incluso, la Asamblea Universitaria de esa casa de estudios lo declaró «persona no grata» en 2023 por un supuesto intento de injerencia.
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Asimismo, el ahora titular del Minedu recibió críticas por la contratación en su despacho congresal de personas investigadas por distintos casos judiciales. Marticorena defendió esas designaciones argumentando que ninguno contaba con una sentencia firme y que debía respetarse la presunción de inocencia.
El congresista por Ica reemplaza a María Cuadros y permanecerá al frente del Ministerio de Educación únicamente 22 días, hasta el cambio de gobierno programado para el próximo 28 de julio.
