El fiscal José Domingo Pérez antes de ser suspendido de sus labores, presentó un informe a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, donde especifica que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, presuntamente habría recibido ilegalmente más de USD 13.000.000. Este informe fue enviado por Domingo Pérez con la finalidad de sustentar la solicitud de declarar ilegal a Fuerza Popular como organización política.
Domingo Pérez, en dicho documento especifica que, desde el 2011 el partido político de Keiko Fujimori, habría recibido más de trece millones de dólares por medio de mecanismos ilegales y acuerdos con empresas privadas como Credicorp, el grupo empresarial Rassmuss, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la empresa Inversiones Piuranas S.A.C., entre otros.
Con este informe, José Domingo Pérez sostiene y ratifica que el partido político, Fuerza Popular, reúne las condiciones para ser declarada una organización criminal ya que ha cometido acciones que conforman indicios suficientes para solicitar la suspensión del partido, al considerarlo una amenaza al orden democrático y al adecuado funcionamiento del Estado.
