El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó el pasado 13 de agosto un proyecto de ley que establece que los directivos y fundadores de los partidos políticos no deben tener condenas por delitos de apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito.
Este proyecto de ley también exige que los directivos de los partidos continúen presentando una declaración jurada en la que se comprometan con la democracia, el respeto irrestricto al Estado de derecho y la protección de las libertades y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.
Asimismo, el JNE propone suspender la participación de un partido político en el proceso electoral si se descubre que uno de sus fundadores o directivos ha sido condenado por alguno de los delitos mencionados y no ha sido removido de su cargo.
En este sentido, el JNE argumenta que los ciudadanos que fundan organizaciones políticas deben ser personas idóneas, sin condenas que impliquen pena privativa de la libertad. Este criterio también se aplica a los directivos de los partidos, quienes son responsables de dirigir y orientar las políticas partidarias de los partidos políticos y movimientos regionales.
Frente a esta situación, el congresista Luis Cordero Jon Tay, de la bancada Somos Perú, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la restricción que impide a personas sentenciadas por delitos de corrupción postular a la presidencia o vicepresidencias del Perú, incluso si ya han cumplido sus condenas.
Es importante señalar que esta iniciativa, contraria a la propuesta del JNE, ha sido respaldada por otros miembros de Somos Perú, como Alfredo Azurín, José Jerí, José Pazo, Hitler Saavedra y Héctor Valer.
