La Municipalidad Provincial de Piura, bajo la gestión del alcalde Gabriel Madrid, cerró el ingreso de los camiones recolectores del distrito de Castilla al botadero municipal, colocando tranqueras y personal de Serenazgo en el acceso.
La medida, ejecutada sin previo aviso, ha sido calificada como arbitraria por las autoridades castellanas, ya que impide el depósito de unas 100 toneladas diarias de residuos sólidos. Según denunció el alcalde Walther Guerrero, el cierre busca presionar el pago de una supuesta deuda al Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP) por un servicio de “relleno sanitario” que, en realidad, no existe.
“Nos están cobrando como si fuera un relleno sanitario, pero este no lo es. Se trata de un botadero que más bien afecta a la salud y al medio ambiente de nuestra población”, afirmó el alcalde Walther Guerrero en una entrevista a medios locales.
El alcalde recordó además que en 2023 sostuvo reuniones con Madrid, donde se acordó que Castilla no podía asumir un pago de esa magnitud. Sin embargo, pese a ese entendimiento, la Municipalidad Provincial procedió a embargar más de dos millones de soles de las cuentas municipales, afectando directamente obras públicas y servicios básicos en el distrito.
Esta decisión no solo agrava la crisis ambiental y sanitaria, sino que evidencia —según denuncian las autoridades castellanas— una falta de diálogo y un manejo arbitrario por parte de la gestión provincial.
