Solicitan 9 años de cárcel para Consejero Regional por Piura, Pedro Alama

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El actual consejero regional por Piura, Pedro Enrique Alama Farfán, enfrenta un grave requerimiento acusatorio que solicita al Poder Judicial imponerle una pena privativa de libertad efectiva de nueve años.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque lo acusa en calidad de cómplice primario del delito de colusión agravada, un esquema ilícito que habría causado un perjuicio económico millonario al Estado.

La obra del delito
El caso se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución de la obra de “Mejoramiento, ampliación y rehabilitación de camino vecinal La Balza, La Represa, Chimbara, La Zunga” en Namballe, Cajamarca, un proyecto vial que superó los S/ 11 millones de soles.

La Fiscalía acusa como autores del delito al exalcalde de Namballe, Hernánbal Amado Laban Peña, y a los exfuncionarios Edguin Manchay Laban, Wagner Feliberto Castillo Medina y Juan Ineber Altamirano Herrera.

El rol de Alama
Según el requerimiento fiscal, la participación de Alama Farfán jugó un rol importante, ya que actuó como Representante Común del Consorcio Construye Namballe, la empresa contratista que ganó la buena pro para ejecutar la obra arriba mencionada.

El hecho que lleva al actor colusorio, según la fiscalía, es que el consorcio ganó la licitación, pero no contaba con la maquinaria requerida y, por ello, celebró múltiples contratos de alquiler de equipos (especialmente de montos niveladores y excavadoras) con la Municipalidad Distrital de Namballe, quien sí contaba con tales maquinarias.

La tesis fiscal sostiene que, de estos contratos, no se registraron ingresos a nombre del municipio como corresponde, y que los equipos pasados.

Perjuicio millonario
Para la Fiscalía existió un accionar concertado entre el contratista, representado por el consejero Alama Farfán, y el exalcalde de Namballe, el cual generó un perjuicio económico al Estado, cuantificado en S/ 2 millones 546 mil 317.55 soles.

La defraudación se consumó con el incumplimiento en la ejecución de la obra: a pesar de ser liquidada por un monto superior a los S/ 11.6 millones, un informe técnico posterior determinó que el avance físico real de la carretera fue de solo el 77%.

Trabajos no ejecutados
El 23% de la obra que no se ejecutó, según el Ministerio Público, está determinado por más de 17,000 metros de cunetas, de badenes y la omisión de señales reglamentarias.

El Ministerio Público ha presentado este requerimiento acusatorio ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Lambayeque, solicitando, además de la pena privativa de libertad, la inhabilitación para el ejercicio de la función pública para todos los implicados, incluido el actual consejero por Piura.