La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato ha pedido al Poder Judicial que se declare al partido Renovación Popular como tercero civilmente responsable y se le imponga el pago de 238 millones de dólares. La solicitud está relacionada con presuntos aportes ilegales de la constructora Odebrecht a las campañas de Solidaridad Nacional en los años 2011 y 2014.
La procuradora Silvana Carrión expuso el requerimiento este martes ante el juez Víctor Alcocer. Durante su intervención, explicó que Renovación Popular es la figura legal sucesora de Solidaridad Nacional, luego de que Rafael López Aliaga asumiera el liderazgo y se concretara el cambio de nombre.
Por su parte, el abogado del Estado, Alex Berrospi, precisó cómo la empresa Odebrecht habría financiado la candidatura presidencial de 2011. Según indicó, los fondos llegaron al entonces tesorero José Luis Zegarra y fueron dirigidos por José Luna Gálvez. Parte de ese dinero habría beneficiado al exalcalde Luis Castañeda Lossio.
Asimismo, se investigan supuestos aportes a la campaña municipal de Castañeda en 2014, provenientes tanto de Odebrecht como de OAS. Estos habrían sido ocultados mediante falsos reportes de donaciones hechas por personas que en realidad no aportaron.
Renovación Popular se defiende
La agrupación política negó las imputaciones y aseguró no tener relación con las campañas cuestionadas. Sostienen que su constitución como partido ocurrió en 2020, luego de la disolución de Solidaridad Nacional. Rafael López Aliaga rechazó las acusaciones formuladas por el fiscal José Domingo Pérez, calificándolas de carentes de sustento y sin veracidad.
