Con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó la incorporación del delito de criminalidad sistemática en el Código Penal. La nueva figura, incluida en el artículo 318-B, busca reforzar la lucha contra la delincuencia organizada y los hechos de violencia que vienen afectando al país.
El dictamen establece sanciones severas para quienes cometan de forma reiterada delitos graves como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, empleando armas de fuego, explosivos u otros similares. Las penas van desde un mínimo de 35 años de cárcel hasta cadena perpetua en casos agravados.
Entre las circunstancias que elevan la condena máxima figuran el uso de armamento militar, la participación de menores de edad, la implicación de miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía, ataques contra funcionarios públicos o la comisión de actos de extrema crueldad.
La norma es resultado de la unificación de 17 proyectos de ley debatidos desde octubre de 2024. Según el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, la medida es una respuesta al incremento de ataques violentos registrados en distintas regiones.
No obstante, la votación dejó en evidencia posturas críticas. La congresista Gladys Echaíz advirtió que la norma no resuelve las limitaciones en la investigación policial y planteó ampliar el plazo de detención en casos graves. Ruth Luque, por su parte, alertó que expresiones como “otros de similar naturaleza” podrían prestarse a interpretaciones arbitrarias. En contraste, legisladores como Diego Bazán defendieron la necesidad de contar con sanciones ejemplares frente a hechos recientes, como los atentados ocurridos en La Libertad este año.
La creación de este tipo penal busca enviar un mensaje de firmeza contra el crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que su efectividad dependerá de la capacidad del sistema de justicia para investigar y aplicar la norma sin vulnerar derechos fundamentales.
El dictamen ahora será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior implementación.
