Las denuncias en torno a la gestión de Caja Piura no se detienen. Desde hace meses, medios de comunicación y usuarios en redes sociales vienen alertando sobre posibles irregularidades dentro de la institución financiera. En el centro de las críticas se encuentra el presidente del directorio, Javier Bereche Álvarez, cuya permanencia en el cargo genera controversia entre parte del sector empresarial y municipal.
Pese a la pérdida de confianza por parte de la anterior gestión de la Municipalidad Provincial de Piura, Bereche continúa al frente de la caja. Hay quienes consideran que su control en el directorio y su voto dirimente habrían permitido que se mantenga en el puesto, lo que despierta sospechas sobre decisiones internas que podrían no ser del todo transparentes. La reciente salida del gerente de Riesgos, Jaime Álvarez, también dejó dudas dentro del personal.
Uno de los casos que más preocupación ha generado es el inicio de una investigación de la Fiscalía de la Nación contra dos gerentes: Juan Valdivieso (Negocios) y César Cruz (Auditoría). Según la disposición fiscal emitida el 18 de septiembre, ambos afrontan investigación preparatoria por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Sin embargo, continúan en el cargo, pese a que el propio Manual de Organización y Funciones (MOF) señala que los altos directivos no deben estar sujetos a procesos fiscales o judiciales.
Asimismo, aún no hay claridad sobre la investigación a un funcionario que habría presentado un título falso para ocupar dos gerencias de manera simultánea. Él aseguró ante la Fiscalía que fue el propio Bereche quien lo recomendó para ambos puestos. Tampoco hay avances visibles sobre el caso de una consultoría valorizada en más de 1.7 millones de dólares adjudicada a una empresa que, presuntamente, solo contaba con un capital mínimo.
Trabajadores también reportan un mal clima laboral, con supuestos actos de hostigamiento y desplazamiento de personal para beneficiar a allegados de la alta dirección. A ello se suma una denuncia ante Sunafil en la que se acusa a Bereche de insultar y amenazar a empleados, hecho que terminó en una multa para la entidad.
Mientras las autoridades competentes no actúen frente a estos hechos, crece la preocupación sobre el futuro de la institución. Varios sectores ya cuestionan si será necesario que el Congreso, especialmente los representantes de Piura, intervenga para garantizar transparencia y la continuidad adecuada del servicio que Caja Piura presta a miles de usuarios.
