La huelga de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del Perú, que comenzó el 16 de agosto, ha puesto de manifiesto una alarmante desigualdad salarial dentro de la institución. Mientras los funcionarios de alto rango disfrutan de sueldos exorbitantes, los trabajadores de base, quienes enfrentan diariamente los riesgos y desafíos en los penales, luchan por un salario digno.
Las cifras hablan por sí solas. Los altos funcionarios del INPE, como Federico Llaque (presidente), Marlon Florentini (vicepresidente) y Delgado Uribe (tercer miembro) del Consejo Nacional Penitenciario, perciben un sueldo mensual de S/ 15,600. Luis Albujar, gerente general del INPE, gana una cantidad similar. Los jefes de oficinas reciben más de S/ 10,000 mensuales, mientras que asesores y directores cobran más de S/ 8,000 al mes.
Los trabajadores de base, quienes están en contacto directo con la población penitenciaria, ganan solo S/ 1,500 mensuales. Esta desigualdad significa que los altos funcionarios ganan hasta 10 veces más que los trabajadores que están en la primera línea de atención en los penales. Los empleados del INPE llevan años sin recibir aumentos salariales, a pesar de la creciente carga laboral y las condiciones de riesgo en las que desarrollan sus funciones.
El gobierno, lejos de atender las demandas de los trabajadores, ha optado por declarar ilegal la huelga y amenazar con sanciones. Esta postura contradice la realidad económica de la institución, donde claramente hay recursos para mantener salarios elevados en los altos mandos.
La paralización de labores ha afectado la operación de varias cárceles del país, poniendo en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios. Sin embargo, los huelguistas argumentan que la verdadera amenaza a largo plazo es la falta de personal motivado y justamente remunerado.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuánto tiempo más podrá sostenerse un sistema que desvaloriza a sus trabajadores de primera línea? La respuesta a esta pregunta podría determinar el futuro del sistema penitenciario peruano y la seguridad de sus instituciones.
