Enrique Carbonell, padre de uno de los 13 trabajadores asesinados en la mina Poderosa, en Pataz, responsabilizó al primer ministro Gustavo Adrianzén por haber negado inicialmente el secuestro de los mineros, pese a que la denuncia se había presentado la noche del 29 de abril. Con indignación, llamó desgraciado al premier acusándolo de mentirle al país.
El reclamo de Carbonell se suma al malestar de los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y denuncian el abandono del Estado en una zona dominada por la violencia criminal. “No hay ni un puesto policial, ni siquiera un puesto de auxilio rápido”, reclamó. También pidió al Congreso que actúe frente a esta tragedia y la falta de protección.
La empresa minera Poderosa también criticó al Gobierno por su pasividad, señalando que el asesinato se produjo en pleno estado de emergencia. Según la compañía, los atacantes estaban vinculados a redes de minería ilegal, y los recientes operativos en la zona no incluyeron acciones contra las bocaminas donde ocurrieron los hechos.
