La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la denuncia constitucional que plantea inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a los fiscales supremos Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera.
La decisión se tomó en el marco de un procedimiento que los acusa de haber incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica y prevaricato, además de supuestas infracciones constitucionales.
Esta aprobación constituye solo la primera etapa del proceso. El informe que recomienda la sanción deberá pasar ahora a la Comisión Permanente, y posteriormente al Pleno, donde se definirá si se ratifica o no la inhabilitación.
Cada uno de los magistrados afronta señalamientos específicos, en un contexto marcado por la creciente tensión entre el Congreso y el Ministerio Público. En el caso de Delia Espinoza, la medida se suma a la denuncia presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien también solicitó su inhabilitación por diez años. En cuanto a Zoraida Ávalos, este nuevo proceso se añade a otros procedimientos previos que ya derivaron en una sanción similar.
La inclusión de Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez refleja la amplitud del alcance de este proceso sancionador, que apunta a algunos de los funcionarios de más alto rango dentro del Ministerio Público.
