El Tribunal Constitucional (TC) emitió un nuevo pronunciamiento para precisar los alcances de la sentencia que anuló la prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Mediante un auto fechado el 30 de julio de 2026, el organismo constitucional ordenó ejecutar de inmediato la resolución y descartó la interpretación del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que consideró imposible su cumplimiento.
El TC exige cumplir la sentencia de inmediato
En su resolución, el Tribunal recordó que el fallo que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa de Cerrón tiene calidad de cosa juzgada. En ese sentido, señaló que el Poder Judicial debe ejecutar la decisión sin imponer nuevos requisitos ni generar dilaciones que retrasen su cumplimiento.
El colegiado enfatizó que las sentencias emitidas en procesos de hábeas corpus buscan garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, especialmente la libertad personal y el debido proceso.
Aclara el alcance de resoluciones posteriores
El pronunciamiento responde a las observaciones formuladas por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que sostuvo que dos resoluciones emitidas en diciembre de 2025 y enero de 2026 mantenían vigente la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional precisó que dichas resoluciones no impusieron una nueva medida restrictiva, sino que únicamente rechazaron solicitudes para modificar la prisión preventiva ya existente. Al haber sido anulada esa medida principal, todas las resoluciones que dependían de ella también quedan sin efecto.
Declaran nulas resoluciones vinculadas a la prisión preventiva
Con el propósito de evitar interpretaciones distintas, el TC integró la parte resolutiva de su sentencia y declaró expresamente la nulidad de la Resolución 6, del 4 de diciembre de 2025, y de la Resolución 4, del 7 de enero de 2026, así como de cualquier otra disposición que restrinja la libertad de Vladimir Cerrón dentro del mismo expediente.
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Finalmente, el organismo constitucional dispuso remitir el expediente al juez competente para que ejecute de inmediato la sentencia. Con esta decisión, el Tribunal Constitucional ratificó que la prisión preventiva quedó anulada y ordenó cumplir el fallo sin nuevas demoras.
