El Gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao debido al preocupante incremento de casos de extorsión contra empresas de transporte público.
La medida, anunciada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo, tendrá una duración de 60 días y abarca distritos como Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Ventanilla. Con esta acción, el Gobierno busca reforzar el control del orden interno con la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Proyecto de ley sobre terrorismo urbano
Paralelamente, el Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley para tipificar el delito de «terrorismo urbano», enfocado en combatir crímenes como el sicariato, el secuestro y la extorsión. Según Astudillo, esta propuesta busca endurecer las penas para quienes cometan estos delitos, como parte de una respuesta integral para reducir la criminalidad que afecta al país.
Impacto en la Seguridad Ciudadana
El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, destacó que los distritos seleccionados presentan los niveles más altos de actividad delictiva, lo que justifica la intervención. Se intensificará la presencia policial en puntos críticos como estaciones de buses y paraderos con el fin de prevenir nuevos incidentes de extorsión. Esta acción busca no solo restablecer el orden, sino también garantizar un entorno más seguro para los ciudadanos.
Consecuencias del paro de transportistas
El anuncio del estado de emergencia ocurre en medio de un paro de transportistas que exige mayor seguridad ante la creciente violencia. Este paro ha generado largas filas y tráfico denso en la ciudad. La situación se agrava con el asesinato de al menos tres conductores recientemente, en incidentes vinculados a extorsiones. Las autoridades están comprometidas a tomar medidas para restaurar la confianza de la población en el sistema de seguridad.
