El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar de 60 días sobre el otorgamiento de una pensión vitalicia de 15.600 soles al expresidente Alberto Fujimori. La fiscalía busca determinar responsabilidades por presuntas irregularidades en este proceso, que ha generado controversia debido a las condenas judiciales del exmandatario.
La Ley 26519 establece que el beneficio de la pensión vitalicia queda suspendido para exmandatarios acusados constitucionalmente y declarados culpables judicialmente, como es el caso de Fujimori. Sin embargo, la Oficina Legal y Constitucional del Congreso declaró procedente el pago, argumentando que negarlo podría vulnerar la presunción de inocencia.
Expertos legales han cuestionado esta decisión, señalando que la presunción de inocencia de Fujimori fue destruida en juicio, donde se respetaron sus derechos procesales. Además, se ha aclarado que el indulto otorgado al exmandatario solo perdonó la pena privativa de libertad, mas no el delito por el cual fue condenado.
La investigación fiscal se produce en medio de cuestionamientos sobre los vínculos políticos de los funcionarios que aprobaron el informe favorable a la pensión. José Antonio Rubio Preciado y Haidy Figueroa Valdez, quienes suscribieron y validaron el informe, han sido señalados por sus conexiones con el partido Alianza para el Progreso.
