El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró por unanimidad inconstitucional la Ley 31018, Ley que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia a causa del COVID-19.
El Colegiado sesionó en su tercera deliberación pública, aunque esta vez de manera remota, y declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad (Exp. N° 00006-2020-PI/TC presentada por el Poder Ejecutivo en contra de la Ley N° 31018, cuya ponencia estuvo a cargo del vicepresidente Augusto Ferrero Costa.
El Pleno declaró inconstitucional la norma, porque vulnera el artículo 62 de la Constitución y viola la libertad de contratar, al suspender el contenido contractual pactado por las partes relativo al cobro de peajes. Además, afectaría la continuidad de los servicios vinculados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, en perjuicio de los usuarios del servicio.
Durante la sustentación de su ponencia, el vicepresidente Augusto Ferrero Costa señaló que la Ley 31018 interviene en contratos de concesión que son contratos-ley, en desacato del mandato contenido en el artículo 62 de la Constitución, según el cual estos “no pueden ser modificados legislativamente”.
Esta decisión del TC fue saludada por la ministra de Economía, María Antonieta Alva, quien indicó que los costos de dicha norma beneficiarían a un grupo reducido e iban a ser asumidos por todos los peruanos.
